CAÍDA DE LA COARTADA DE GRIÑÁN
Memorial de zancadillas de la Junta a la juez Alaya.La juez Alaya se quejó en varias ocasiones de la obstrucción a la investigación orquestada por la Junta de Andalucía, cuyo presidente,José Antonio Griñán, intenta aparecer en los medios de comunicación y en la tuitería nacional como máximo colaborador de buena fe del caso.
Hacemos una breve relación de zancadillas puestas por la Junta a la labor de la juez. Además, acaba de saberse que la consejería de Hacienda de la Junta, cuando estaba regentada por el propio Griñán, convocó una"cumbre" sobre los ERE en la que se decidió hacer caso omiso a las advertencias de la Intervención y seguir con el irregular procedimiento del "fondo de reptiles". Con ello, la coartada de Griñán -no haber tenido información de las notas del Interventor-, se desploma.
Zancadillas a pelú
1) En Andalucía, se conoce como echar a pelú lanzar muchas cosas, sobre todo caramelos, a voleo y sin orden sobre una multitud. La última de las obstrucciones conocidas de la Junta de Andalucía a la instrucción de la juez Alaya la refiere el diario ABC. Dos semanas antes de la Operación Heracles iniciada el 20 de marzo, la Junta envió al Juzgado de Mercedes Alaya un informe con datos claves sobre los pagos autorizados por el ex director general Francisco Javier Guerrero y las sobrecomisiones que cobraron las mediadoras -Vitalia, Uniter y el despacho jurídico Villasis- que la consejera Carmen Martínez Aguayo dijo que no existían. La Guardia Civil tuvo que hacer la investigación fundamental sin esos datos.
Además, envió un grupo de correos que revelaban la impunidad de las acciones de sectores de la Consejería de Empleo y el grado de "organización criminal". En uno de ellos, se refleja el "sistema establecido" que ha detectado la juez. Se lo envió el exdirector general de Trabajo a Estudios Jurídicos Villasís, el bufete de abogados sevillano que contrató como comercial al conseguidor de ayudas Juan Lanzas, quien a su vez actuaba de enlace directo con los sindicatos. "Adelántame 100.000 euros, que ya me he comprometido", y añade: "Ya te compensaré de otra forma".
La información contenida en ese documento estaba en posesión de la Junta andaluza desde hacía casi año y medio y no lo entregó hasta ahora.
Igualmente, acaba de entregar la Junta otro nuevo documento que, según interpreta ABC tendría como finalidad alzar un cortafuegos del caso para que termine definitivamente en los ex consejeros de Empleo y no ascienda más en la escala de las responsabilidades.
2) Recuérdese que el actual consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, consideró necesario "tomar una decisión" para apartar definitivamente a la juez Alaya del caso de los ERE, con fundamento en su incapacidad laboral transitoria.
3) Tómese nota de que la Consejería de Empleo envió al juzgado un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos" -palabras de la propia juez- sobre los expedientes relativos a los ERE y ayudas de 67 empresas que dificultó la investigación judicial. Tras ello, la magistrada tuvo que requerir a la Administración andaluza para que en el plazo de cinco días remitiera una copia compulsada de los expedientes o pusiera de manifiesto por qué la información le ha sido remitida en ese estado.
4) Además, la Junta ha remitido documentación inútil para enredar la investigación de la juez. el Gobierno socialista de Andalucía habría optado también por incluir más documentación de la solicitada por la juez. Así, según fuentes del juzgado, la funcionaria encargada tardaría más tiempo en poner la información, 153.000 folios, en orden para que la magistrada Alaya tuviera mayor dificultad a la hora de escudriñar los documentos.
5) Recuérdese asimismo cómo fue la Fiscalía Anticorrupción, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde Pumpido, la que recurrió el auto de la juez Alaya en el que ordenó a la Junta andaluza la entrega de las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia. Recuérdese que el Gobierno andaluz se negó a entregar a la juez todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas. Finalmente, fue el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, el que desestimó la pretensión de la Junta de Andalucía sobre el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno.
Y no se olviden las insinuaciones sobre la conducta privada de la juez realizada por el diputado nacional del PSOE, Alfonso Guerra, o las afirmaciones, consideradas machistas por el PP, del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía -"trabaja mucho y encima sigue guapa"-, dijo.
La "cumbre" de Hacienda de 2005
"Esta mañana –por el lunes– he podido confirmar que fue Agustín Barberá –ex viceconsejero de Empleo– el que citó a Francisco Javier Guerrero para acudir a una cita en la Consejería de Hacienda", ha dicho Fernando de Pablo, ex abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, en Onda Cero. La reunión, que se celebró en 2005 entre representantes de la Consejería de Economía y Hacienda y la de Empleo se produjo para hablar sobre el procedimiento de los ERE que la Intervención General había alertado que vulneraba la ley.
Informó La Razón que al cónclave de Hacienda, consejería entonces dirigida por José Antonio Griñán, acudieron, entre otros, la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo –hoy consejera de Hacienda y Administración Pública– y el director general de Presupuestos Antonio Lozano –hoy viceconsejero de Presidencia– y se decidió continuar con el sistema de trabajo obviando las advertencias del máximo órgano de control interno de la Administración andaluza.
Recuérdese que la Intervención General de Hacienda había trasladado en 2005 un informe especial sobre las irregularidades detectadas en la tramitación de ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y Social a tres consejeros, los de Empleo, Innovación y Economía. En las conclusiones del mismo se exponía que el centro directivo estaba otorgando "subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". Una actuación que había provocado un "desfase financiero" que a 31 de diciembre de 2004 superaba los 38 millones de euros.
Este nuevo dato hace imposible de defender que Griñán no supiera nada ni de las advertencias del Interventor ni de la existencia de esta reunión convocada desde su propia Consejería.
La ex ministra de Vivienda de Rodríguez Zapatero apoya a la banca.La ex ministra de Vivienda del PSOE,
María Antonia Trujillo, ha dado pruebas inequívocas de su sensibilidad social y, sobre todo, de su hipocresía ideológica, pues refiriéndose al problema de los desahucios ha escrito, textual: «El que tenga deudas que las pague, que no se hubiera endeudado».
En rigor, Trujillo, promocionada por Rodríguez Ybarra y nombrada ministra por Rodríguez Zapatero, no ha cambiado de posición, ni ha dicho nada sorprendente en ella. Siendo responsable de la cartera de Vivienda convirtió la construcción en política de Estado, puso en marcha el plan de vivienda del 2005 y la versión española del KeliFinder, promocionando la creencia de que disfrutar de una vivienda digna es sinónimo de progreso económico, no un derecho.
Esa ministra ¿socialista? negó la existencia de la burbuja inmobiliaria, se rió de los riesgos que suponía el encarecimiento de los precios de los inmuebles provocado por la especulación y, además, se opuso radicalmente a la única iniciativa que hubo durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero para enfriar el calentamiento constructivo y las perversiones crediticias e hipotecarias en las que incurría la banca [el ministro de Economía de la época, Pedro Solbes, auspiciaba una serie de medidas para incentivar la rehabilitación y anular las rebajas fiscales por la compra de inmuebles, entre otras cosas, proyectos a los que varios ministros socialistas, con Trujillo al frente, se opusieron frontalmente. Y ganaron ella y los que optaron por el "non meneallo".
Ya fuera del gobierno, Trujillo asumió sus “posibles responsabilidades” en el engrandecimiento de la burbuja inmobiliaria que inició el gobierno de José María Aznar, pero matizó que en asuntos inmobiliarios «no hay inocentes, desde el ciudadano al político, todos somos culpables». En el verano del 2007 Trujilo fue sustituida por Carme Chacón, que tampoco hizo nada para reventar la burbuja.
Roures, de repente, tiene conciencia social
Público ignoró los 370.000 desahucios de la última legislatura de Zapatero
Ignacio y Arsenio Escolar escriben un libro de dudoso rigor histórico.
los dos miserables, padre e hijo.
Ya vimos el otro día que los medios de izquierdas están insistentes con este asunto. Nacho Escolar y los suyos, Roures y los restos de su 'Público' y otras publicaciones menores andan subiendo diariamente las apuestas en torno al drama de los desahucios, a ver quién tiene el corazón más tierno y la conciencia social más pura.
EMPIECE A PREOCUPARSE, ¡AHORA!
Como Nacho dijo en su día que 'Eldiario.es' era cosa de información, información e información, sin sesgo, y luego hace unos días repitió en una entrevista que el fallo de 'Público' había sido mezclar opinión con información, y Nacho es un hombre honrado, pensé de buena fe que estábamos ante un fenómeno nuevo y lo bastante noticioso como para copar portadas. Salvo que entre 2007 y 2011 hubo 370.000 desahucios. Repetimos: 370.000. De algún modo, entre esos 370.000 no había casos tan dramáticos, sangrantes ni fotogénicos como los que vinieron después. Porque si no habría que pensar que tiene algo que ver con el hecho de que esos 370.000 sucedieron mientras gobernaba Zapatero, lo que les hacía invisibles, y los nuevos llegan con un Gobierno 'pepero', lo que obliga a sacarlos hasta en la sopa, y eso sería algo muy, muy feo y muy poco profesional.
De esos 370.000 sería fácil, imagino, sacar 'historias' como las que salen en todos los medios, las mismas con las que nos han estado vendiendo cada iniciativa política que han querido ver aprobada. En absoluto pongo en duda que las historias sean ciertas y exactamente como se describen. El problema de la anécdota como material informativo es que hay casos para defender cualquier cosa y su contrario.
Por lo demás, si uno rasca en algunas de esas historias descubre cosas que eclipsan el titular lacrimógeno. Leo en 'El País' -sí, el del megaERE- la última de estas historias, "La Justicia es justa sólo para los ricos". A uno se le parte el corazón, no es ironía, ante "un matrimonio de jubilados que avaló a su hijo con su piso pierde la vivienda, pero se queda a vivir en la casa pagando menos de 350 euros de alquiler social" que aparecen en la foto cogidos de la mano. Pero, ¿quién es el culpable? ¿El banco? Porque si se lee la 'letra pequeña', resulta que "el socio de mi hijo le engañó, está en paradero desconocido, mientras él intenta sacar el bar adelante." Así puesto, y con independencia de que sea o no cierta la acusación, suena a estafa pura y dura, sin la menor relación con una plaga social. Hubiera sucedido en cualquier escenario, en cualquier momento, y no es razonable esperar que el banco renuncie a cobrar su deuda, siendo precisamente su negocio.
¿Cómo se resuelve? Puede darlo el Estado, es decir, puede el contribuyente que decidió no endeudarse pagar al que sí lo hizo, sin que pueda distinguirse entre injusticias e irresponsabilidades, fomentando esto último. O puede obligarse al banco a que no ejecute el desahucio, con lo que, además del riesgo evidente de quiebra, endurecería su política de créditos para todos los demás, porque su negocio no es la caridad. "Denunciar" los casos duros es fácil; lo difícil es proponer una solución que no traiga más problemas que el problema original.
PARLAMENTARIOS SIN BOLI
Ayer saltaba, precisamente, una noticia que nos recuerda por qué el socialismo no puede funcionar, ni en su variante 'lite'. Hace cosa de un año se repartió gratis et amore iPads entre nuestros parlamentarios, porque ellos lo valen y no van a apuntar las cosas a boli, pobres. También se previó reponerlos en caso de extravíos. ¿Saben cuántos lo han 'extraviado' en este tiempo como si fuera el mechero? Cincuenta, si quiere usted creerlo, que a mí no me da la gana. Lo dicho: esto es el pillaje organizado, hasta en lo pequeño.
En el caso de Nacho es fácil, digamos, cuestionar su definición de 'rigor'. Leo una reseña sobre el libro de ¿Historia? escrito a pachas con su padre, don Arsenio, "El justiciero cruel. Pedro I de Castilla y el nacimiento de las dos Españas". Allí dice que está "escrito con rigor". Juzguen ustedes: "La pugna entre Pedro I y su hermanastro acabó en una guerra civil muy cruenta. Duró tres años, como la guerra civil más reciente ocurrida en la Península Ibérica. Comenzó en un año que acababa en 6 y acabó en un año que acababa en 9, también como la guerra civil más reciente de nuestra historia. Ambos bandos tuvieron apoyo de tropas extranjeras que probaron aquí sus nuevas técnicas y máquinas de guerra, como hace pocas décadas. También como en la Guerra Civil de 1936-1939, la Iglesia tomó partido por uno de los bandos y acusó al otro de anticlerical y de ateo". Vaya...APENAS 25.000 DESDE 2008
Tres grandes mentiras sobre los desahucios en España
Apenas el 10% de las ejecuciones hipotecarias afectan a primera vivienda, unos 25.000 casos desde 2008, según el Poder Judicial.
Uno de los argumentos más empleados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los partidos de la oposición para defender la paralización de los desahucios y la aprobación de la dación en pago con carácter retroactivo es el "drama social" que, en teoría, está causando el impago masivo de hipotecas en forma de desalojos e incluso suicidios. Los datos oficiales, sin embargo, no corroboran ni una sola de estas denuncias.
En primer lugar, la morosidad hipoteca cerró en el 3,84% en 2012, lo cual significa que tan sólo cuatro de cada 100 hipotecados han dejado de pagar sus cuotas, a pesar de la elevada tasa de desempleo y la larga crisis económica que azota el país desde 2008.
Por otro lado, estos mismos agentes denuncian que los desahucios están provocando una oleada de suicidios que, además de contar con unavccara oculta poco conocida, es desmentida claramente por las cifras oficiales. En concreto, España registró 3.180 suicidios en 2011 (último dato publicado), según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra muy similar a la registrada en 2010.
De hecho, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes no ha dejado de caer en la última década, incluso en plena crisis, hasta situarse en niveles mínimos de la serie histórica comparable, que arranca en 1995. En 2007, en plena burbuja inmobiliaria, la tasa de suicidios era superior a la actual.
Por último, una de las grandes falacias en torno al tema de los desahucios es el supuesto volumen de afectados. Según la PAH y los partidos de la oposición, el número de desahucios en España se aproxima a 400.000 desde que estalló la crisis.
Este dato proviene de la estadística que periódicamente realiza el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ) sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales. Efectivamente, según el último informe publicado, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados asciende a un total de 415.117 desde 2008 hasta el cierre de 2012, a un ritmo medio de 83.000 casos al año.
Sin embargo, la PAH obvia que no todas las ejecuciones hipotecarias acaban en desahucio y que, además, la inmensa mayoría de éstas no afectan a la primera y única vivienda. Las ejecuciones y lanzamientosque contabiliza y publica el Poder Judicial cada trimestre incluyen todo tipo de procesos: inquilinos expulsados por no pagar el alquiler, segundas viviendas, extranjeros que se marchan a su país de origen y dejan su piso desocupado, promociones inmobiliarias requisadas a la empresa deudora o demandas judiciales en las que al final se llegó a un acuerdo.
Es decir, las cuentas del CGPJ no desglosan a qué corresponde cada caso, por lo que no son válidas para contabilizar lo que el común de los mortales entiende por "desahucio": desalojar a una familia de su única propiedad (vivienda habitual) por impago de hipoteca.
Pese a ello, el Poder Judicial desveló dicha incógnita este lunes. Así, si bien sigue sin desglosar las ejecuciones y lanzamientos correspondientes a cada caso concreto (alquiler, primera vivienda, segunda, vivienda, locales, etc.), el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, reconoció que "la inmensa mayoría" de desahucios corresponden a locales de negocio, y que tan sólo el 10% del total afecta a primera vivienda.
De este modo, dado que los juzgados resolvieron casi 253.000 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2012, según las estadísticas oficiales, los desahucios de primera vivienda apenas ascenderían a25.000 desde que estalló la crisis económica.
Asimismo, el volumen de lanzamientos positivos (desalojos efectuados) acordado por los servicios comunes de los juzgados dedicados a notificaciones y embargos asciende a 159.763 en los últimos cinco años. A esta cifra, sin embargo, habría que sumarle parte de los desahucios dictados por los juzgados de Primera Instancia (101.034 en 2012), lo que haría un total de 260.000 desalojos. Según el CGPJ, tan sólo el 10% de esta cuantía correspondería a primera vivienda, ratificando así el dato de 25.000 desahucios frente a los 15.000 acumulados hasta 2011.
STOP DESAHUCIOS CON LOS ETARRAS
Revisando la hemeroteca, que no es una labora muy complicada, se ha llegado a la conclusión de que Colau falta a la verdad.
Basta buscar en Google con las palabras 'Stop desahucios suma presos ETA', para que aparezca de forma destacada y con foto una nota de la Agencia Europa Press -la misma a la que Colau revela que piensa querellarse contra la delegada del Gobierno en Madrid- para encontar la nota titulada 'Stop Desahucios' se suma a la marcha en apoyo a los presos de ETA convocada por la izquierda abertzale en Bilbao".
Va datada en Bilbao, lleva como fecha el 11 de diciembre de 2012 y va acompañada de una foto, la misma que reproducimos arriba.
Dice textualmente el artículo de EP en su arranque:
La plataforma 'Stop Desahucios' se ha sumado a la manifestación en apoyo a los presos de ETA convocada por la izquierda abertzale para el próximo 12 de enero en Bilbao. Es una de las más de 40 organizaciones y entidades sociales que se han adherido a la marcha impulsada por Herrira con el fin de reclamar que se respeten "los derechos humanos básicos" de los presos de ETA e instar a España y Francia a que "den pasos".
Representantes de una treintena de estos colectivos han mostrado esta adhesión en una comparecencia pública en Bilbao. Entre ellas, se encuentran Ahaztuak, AHTren Aurkako Asanblada, Aspakena, Bai Euskal Herriari, Behatokia, Colectivo Antimilitarista, Esait, Etxerat, Euskal Herriko Bildune Feminista, Ezker Abertzale Historikoa, Gazte Abertzaleak, Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak, Herria 2000 Eliza, Lau Haizeetara Gogoan, Lokarri, TAT, M15 Vizcaya o Stop Desahucios.
Con el lema 'Derechos humanos. Solución. Paz. Presos vascos a Euskal Herria', el comunicado al que han dado lectura, en nombre de estas organizaciones, Martin Orbe e Irune Agirre, destaca que, "dejando atrás un conflicto que se ha alargado demasiado, tanto en tiempo como en sufrimiento, en Euskal Herria se han abierto nuevas oportunidades para construir una situación de paz".
En este sentido, apunta que "las conversaciones y los acuerdos adoptados entre diferentes agentes de Euskal Herria, el alto al fuego de ETA, y la implicación y ayuda de la comunidad internacional ha abierto un camino para solucionar el conflicto vasco".
Según El País, Cifuentes, como ya hizo un tertuliano en El Gran Debate de Telecinco, confunde a Stop Desahucios Bizkaia, que el pasado 12 de enero respaldó una marcha en apoyo al acercamiento de presos, con la PAH.
«Hay muchos grupos STOP Desahucios que no forman parte de la red de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH). Además de eso, me han dicho que esa manifestación – en referencia a la marcha convocada por Herrira el pasado 12 de enero– era por los Derechos Humanos y que se unieron sindicatos, partidos... es decir, que no era pro ETA».
De esta forma, la portavoz de la PAH, Ada Colau, se desvinculó este 25 de marzo de 2013 de STOP Desahucios Vizcaya, que apoyó la marcha a favor de los presos de la banda terrorista, al tiempo que demostró que no tiene muy claro qué pedía la plana mayor de Batasuna en Bilbao.
Más claro, agua.
El amplio historial antisistema de Ada Colau
Participó en la ocupación consulados en Barcelona, durante el 2003
Figura como portavoz y contacto de "Le Haine" que apoya a los presos de ETA.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene una larga carrera en los movimientos antisistema. Su actividad la ha desarrollado principalmente en Barcelona. En junio de 2003, Ada Colau apoyó la ocupación de los consulados de Francia y Suiza en la ciudad Condal. En el consulado helvético su participación fue más allá que la de una simple activista, ya que ejerció de portavoz y negoció directamente con el personal del consulado las peticiones de los "okupas". Un año más tarde, en agosto de 2004, Colau también formó parte de la protesta "okupa" en La Pedrera".
Según publica hoy el diario ABC, Ada Colau tiene relación con numerosos grupos antisistema. Entre ellos, "La Haine" (o "la cultura del odio" traducido al español). En la web de este movimiento aparecen diversos artículos de apoyo a los presos de ETA a los que califica de "presos políticos", también piden la liberación de los detenidos del movimiento de ultra izquiera los Bukaneros, y denominan al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, como "un hombre renacentista del siglo XXI".
La última iniciativa de la plataforma que lidera Colau, la PAH, es acosar e intimidar a los diputados del PP para que aprueben la dación en pago. Según manifiesta la propia Ada Colau: "tenemos que lograr que la presión social no salga del Congreso, que noten cada día que nuestro aliento está allí, que los estamos vigilando". El ministerio del Interior ha ordenado ya a la policía identificar a todos aquellos que participen en estos hostigamientos. Los agentes detendrán a quienes agredan o insulten gravemente a los políticos.
