El conseguidor cobraba 600.000 euros por cada ERE. Nueva Rumasa le pagaba en sobres con billetes de 500 que el exsindicalista recogía en Somosaguas, como demuestran los correos electrónicos de los Ruiz-Mateos
No es de extrañar que la Guardia Civil hallara hace unos días 80.000 euros en billetes de 500 en el domicilio Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE. El motivo es que el exsindicalista de UGT cobró cantidades de mucha mayor envergadura en billetes morados.
Sólo en los ERE del grupo Nueva Rumasa pactó tres millones de euros en comisiones, ya que su tarifa era de 600.000 euros por cada uno de los cinco Expedientes de Regulación de Empleo que «ayudó» a conseguir, tal y como revelan a ABC fuentes conocedoras de la operativa en primera persona.
Los correos electrónicos y los balances de la caja B de Nueva Rumasa, a los que ha tenido ABC, detallan cómo el exsindicalista, que la juezMercedes Alaya volvió a enviar a prisión el pasado viernes, iba habitualmente a por sus sobres al cuartel general de la familia de empresarios en Madrid, el lujoso chalet de la urbanización Somasaguas (Pozuelo de Alarcón).
Así, el 3 de abril de 2008, Alfonso E., contable de Nueva Rumasa, envió un correo electrónico a otros trabajadores dando instrucciones para una serie de pagos. Bajo el epígrafe «Sobres» aparece la inscripción «30.000,00 Juan Lanzas (en 500)». El 19 de enero de 2007 el mismo contable envió otro correo a Javier Ruiz-Mateos, el hijo del clan encargado de las finanzas, pidiéndole instrucciones para un nuevo pago, esta vez de 25.000 euros.
«Se lleva sus 25.000»
Unos días después, un nuevo mensaje informa de que «supuestamente vienen hoy a por el sobre de 25.000 euros de Juan Lanzas». Seis días después, el citado contable informa a Javier Ruiz-Mateos: «Juan Lanzas se lleva sus 25.000 €».
Los pagos al exsindicalista, que se colocaba a sí mismo, a sus familiares y a sus amistades en ERE de empresas en las que nunca habían trabajado, son tan numerosos que los Ruiz-Mateos tenían un epígrafe propio en su contabilidad interna -la que también recogía el dinero negro- denominado Juan Lanzas, aunque lo hacían en una casilla oculta en el archivo de Excel.
El exmiembro de UGT, pieza clave en el entramado corrupto, recibió sólo de Nueva Rumasa entre 15.000 y 30.000 euros semanales en distintos periodos entre 2007 y 2010, que suman 569.100 euros. Esta cantidad sólo supone lo que ha podido rastrear ABC en la abundante documentación interna de Nueva Rumasa, que está aportada a la causa de la estafa de los pagarés que instruye la Audiencia Nacional. Las fuentes consultadas insisten en que la cantidad pactada fueron tres millones de euros, aunque probablemente no cobró la totalidad, pues se le debía dinero cuando el grupo de la abeja quebró.
La especialidad de Lanzas era «engrasar la maquinaria» para que los comités aceptaran las condiciones del ERE propuestas por la empresa, aunque también negociaba con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La investigación apunta a que repartía sus comisiones con otros agentes implicados en la consecución de los ERE.
Para Nueva Rumasa intervino en dos ERE de Dhul, además de los de las bodegas Garvey, Zolio Ruiz Mateos S.A. y en una de las sociedades hoteleras del grupo.
ANDALUCÍA / CASO ERE
Mercasevilla, la madre de todos los escándalos
El ingente escándalo de los ERE tuvo su origen, hace cuatro años, en Mercasevilla. La grabación de extorsiones fue la mecha
JUAN FLORES
Daniel Ponce la noche que fue interrogado por Alaya
El monumental escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía tiene su origen en el primer kilómetro de la autovía que sirve de columna vertebral de la comunidad, la A-92. Junto a esos primeros mil metros de carretera se encuentra la entrada principal de Mercasevilla, el mercado central de abastos hispalense, en el que está el germen de todo. Porque del llamado «caso Mercasevilla» parten las pesquisas que llevaron a la gran estafa con los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta de Andalucía.
El director gerente del «merca», Fernando Mellet, abandonaba en febrero de 2009 la jefatura de esa compañía alegando «motivos personales» y siendo aplaudido por los responsables municipales (PSOE-IU) dada la impecable gestión de la sociedad, con llamativos e históricos beneficios. Pero en el mes previo ya había encontrado Mellet algún motivo de peso para salir. Porque en aquel enero se produjeron las reuniones (de él y de su adjunto, Daniel Ponce) con los empresarios de La Raza en las que los responsables de la lonja pública —controlada por el Ayuntamiento— pidieron una comisión de 450.000 euros a cambio de concederles la escuela de hostelería que se iba a poner en marcha merced a una ayuda de la Junta (Consejería de Empleo) de 900.000 euros. «La Junta colabora con quien colabora», fue una de las sentencias espetadas a los empresarios grabadas por éstos. La frase de la que luego ha brotado la planta completa.
Aquella extorsión tiene ya hoy incluso una condena para los dos directivos del mercado y para el entonces delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas. Las grabaciones, adelantadas por ABC, fueron llevadas por parte de los empresarios a un alto cargo de la Junta de Andalucía, administración que no tuvo más remedio —lo contrario era suicida— que trasladar las cintas a la Fiscalía de Sevilla. Que no es exactamente lo mismo que denunciar el tema en un juzgado. Tras semanas en la mesa del Ministerio Público, el asunto reventó a raíz de la publicación en ese periódico de la investigación y luego del contenido de las conversaciones. Los intentos de diluir la cuestión fracasaron. En abril, Juan Ignacio Zoido, entonces líder de la oposición, interpuso una querella por presunto cohecho a causa de esta petición de comisiones ilegales que recayó en el Juzgado de Instrucción 6. La juez Mercedes Alaya empezó entonces a tirar de ese hilo con tremenda habilidad e insistencia y de ese primer asunto partió luego el de la venta fraudulenta de los suelos del mercado mediante un concurso supuestamente amañado y, después, el presunto delito societario.
Casi un año después, en primavera de 2010, el concejal popular Beltrán Pérez denunciaba en los tribunales ese delito societario en la lonja, con especial hincapié en los dos ERE ejecutados en Mercasevilla en sólo cuatro años y que, curiosamente, no sirvieron para rebajar el número de empleados. Mellet y Ponce lo exponían en sus conversaciones:¿cómo se puede lograr que la Junta apruebe dos ERE seguidos en la misma empresa? En esas indagaciones sobre los ERE de Merca aparecieron los primeros intrusos, y a raíz de ahí, Alaya extendió la causa a todos los EREfinanciados por la Junta. Entonces, el PSOE tampoco tuvo otra que personarse como acusación particular, aunque la juez llegó incluso a dictar algún auto en el que criticaba la labor del letrado, que casi hacía más de abogado defensor. A partir de ahí,mecha encendida...
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