dentro de las cloacas..

7 de Diciembre de 2011 - 21:11:48 - Federico Jiménez Losantos
A la luz de lo publicado estos tres días por El Mundo acerca del origen y la manipulación policial de los testimonios de los tres rumanos que acarrearon la condena de 40.000 años de cárcel contra Zougam, es evidente que el único condenado por poner las bombas en los trenes fatídicos no ha tenido un juicio justo. Y que hay que juzgar a quien encaminó a jueces y fiscales en la dirección que convenía a sus jefes políticos: el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba. Zougam no ha sido condenado por un tribunal, ha sido encerrado por él tras una sentencia, pero los que de verdad lo condenaron fueron los policías judiciales, a las órdenes de Rubalcaba, que concedieron credibilidad máxima a unos testigos que incluso para ellos mismos y otras instancias oficiales la tenían mínima. El superjefe de la policía judicial es JAG, el superpoli de Rubalcaba; y es el Gobierno del PSOE el que paga a una testigo rumana menos creíble que un político griego cincuenta mil euros amén de papeles legales para ella y su marido, al que se declara víctima para que cobre otro tanto. Y por si eso fuera poco, una empresa de seguridad (!!!) de un empresario íntimo de JAG que es el que organiza la cacería de Bermejo, Garzón y el propio JAG para organizar y supervisar el Gurtel, les da trabajo a los dos rumanos, la neotestigo y el veteromarido. ¿Alguien se atreve a decir que esto no apesta?

Los tres casos de los rumanos perdidos y hallados en los trenes apestan, en efecto, a cloaca. A las malditas cloacas de Interior que deben ser barridas, destruidas, trituradas y aventadas hasta las últimas cenizas. Ni la policía judicial ni los investigadores fiscales ayudan a los jueces, salvo que sean de su cuerda, y entonces ninguno de ellos ayuda a la justicia. Por supuesto, el acreditado corporativismo de los jueces y el poder desde hace décadas de estos malos policías tratarán de que no se lleve a cabo un juicio de revisión. Pero, por supuesto, sin ese juicio, cualquier país le podrá decir a España, es decir, a Rajoy, que tenemos un preso condenado a cuarenta mil años de cárcel y que lleva siete en una celda de aislamiento, pero que ha sido encarcelado de por vida por unas pruebas falsas fabricadas por la policía y admitidas por la fiscalía y los jueces a sabiendas de su fétido origen. Debería ser el nuevo ministro de Justicia el que instara a hacer justicia. Porque, insistamos una y mil veces, no se trata de política sino de justicia. Lo que aún no hemos tenido en el 11-M.
21 de Diciembre de 2011 - 20:57:46 - Federico Jiménez Losantos

El recién nacido Gobierno de Mariano Rajoy tenía y tiene dos retos políticos esenciales para España. El más urgente es frenar la brutal caída del empleo –más de cinco millones de parados y camino de seis– y salir de una crisis que dura casi cinco años y en cuya segunda recesión hemos entrado este mismo mes de diciembre. En ese sentido, la presencia de Luis de Guindos y Montoro en Economía y Hacienda, respectivamente, es una garantía de ortodoxia y seriedad. En general, la imagen del nuevo Gobierno es aseada y solvente. Ninguno provoca entusiasmo pero tampoco agrede a la sensibilidad ciudadana. Por su gestión los conoceremos y valoraremos.

Hay dos excepciones, que debían abordar el reto más importante, si no más urgente, que tiene ante sí Mariano Rajoy: la despolitización de la Justicia, la limpieza de las cloacas de Interior y la investigación real del 11-M y el Caso Faisán, máxima expresión delictiva y delictuosa del arreglo del Gobierno del PSOE con la ETA en estas dos legislaturas. La elección, en ambos casos, no ha podido ser peor. Si Jorge Fernández en Interior garantiza la continuidad en todo y la limpieza de nada, Gallardón en Justicia es garantía de injusticia, de politización, de desprecio a las víctimas del 11-M y de incompatibilidad con la libertad de expresión. En mi libro El linchamiento cuento en detalle y a propósito de mi caso, que es el que mejor conozco, todas las fechorías liberticidas, cuando no ilegales (ahí están las fotos, el vídeo y las sentencias para demostrarlo) de un sujeto ayuno de escrúpulos y que ha perpetrado una de las más desvergonzadas manipulaciones políticas que haya padecido nunca la Administración de Justicia en España. Y los justiciables españoles, naturalmente. La zorra es la mejor amiga de las gallinas si se compara su relación con la de Gallardón y la Justicia.

Políticamente, lo esencial es que los dos ministerios clave para la regeneración de la vida pública son los dos grandes chascos del nuevo Gobierno, ya que los ministros encargados de la limpieza se han significado por desapego a la escoba y la fregona. En ese sentido, el cubil de Rubalcaba es el que más miedo da. Si Jorge Fernández Díaz limpia las cloacas de Interior y facilita a los tribunales la investigación del Caso Faisán estaremos ante un milagro no inferior al de Lourdes. Si insta a la Generalidad de Cataluña a que se cumplan las sentencias del Supremo sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos, la revelación será comparable a la más conocida de las de Fátima: la conversión de Rusia.

Pero Gallardón hace bueno a Jorge Fernández. De él cabe esperar infinitas genuflexiones ante la izquierda y ningún esfuerzo de saneamiento de las más altas instancias judiciales –Constitucional, Supremo y CGPJ–, corrompidos hasta el tuétano por la partitocracia. Nada me gustaría más que equivocarme y poder rectificar mi opinión, nacida de la experiencia de muchos años, sobre uno de los políticos más nefastos de las dos últimas décadas. En su mano está animar a la Justicia en la investigación del 11-M, pero en su trayectoria política sólo consta su ninguneo a las víctimas de la masacre y su abierta defensa de los fiscales y jueces que han perpetrado la mayor fechoría judicial de nuestra historia. Tiene ahora ocasión de demostrar lo que tanto repitió en el juicio contra mí: que nada le ofendía más que el que se pusiera en duda su preocupación por esclarecer el 11-M. Por supuesto, siendo alcalde de Madrid cuando la masacre no ha hecho nada por esclarecer la masacre y todo por "obviarla". Hasta ahora ha sido una pieza clave en el encubrimiento por parte del PP. Lo peor de lo peor.

Naturalmente, podría cambiar de costumbres. Desde mañana puede hacernos rectificar la opinión que tenemos sobre su acreditado odio a la libertad –empezó su carrera política en AP consiguiendo el secuestro de la revista Cambio 16– y su ilimitado afán de derroche, cuya prueba son los 8.000 millones de deuda del Ayuntamiento de Madrid, la mayor de España. Y repito, ojalá sea así. Mientras tanto, cabe la fundada sospecha de que el PP ha pactado tapar todas las fechorías del PSOE, hasta las más atroces: las policiales y judiciales del 11-M y del Faisán. Mientras Gallardón no haga Fiscal General del Estado a Juan Luis Cebrián podremos decir que estamos cerca de la Cheka. Si lo nombra, podremos decir que estamos dentro.