El parlamentario del PPN Eloy Villanueva ha registrado este lunes enmiendas al proyecto de Ley Foral de haciendas Locales para 2013 y 2014 con el fin de "reforzar" el cumplimiento de las leyes de símbolos y de apoyo a las víctimas del terrorismo.
Villanueva propone que en el artículo correspondiente a compensaciones a ayuntamientos por abonos realizados por dedicación al cargo electo, se incorpore un punto que contemple la anulación o suspensión de las ayudas por incumplimiento de la ley de símbolos y de víctimas del terrorismo.El PPN propone que las compensaciones económicas que se otorgan con carácter anual a los ayuntamientos queden suspendidas cuando tanto el alcalde como los grupos y concejales de ayuntamientos y concejos apoyen actuaciones que den lugar al incumplimiento de dichas leyes o tomen decisiones que las vulneran a través de votaciones a favor, abstenciones, acuerdos en Pleno o en Comisión.
El parlamentario Eloy Villanueva pretende que la anulación de las ayudas se mantenga durante el proceso judicial o administrativo que pueda derivarse del incumplimiento de la Ley de Símbolos o de Víctimas del Terrorismo, y perdure hasta que exista una sentencia judicial o administrativa firme.Las enmiendas del PPN detallan que la suspensión de las compensaciones tendrá carácter acumulativo de varios ejercicios anuales mientras no concluya el proceso judicial administrativo.
AES denuncia ante la Fiscalía a los ayuntamientos catalanes que “incitan al delito al proponer declaraciones de independencia”
Tras dirigirse al Presidente del Gobierno para que proceda, en virtud de sus atribuciones, a llevar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de San Pere de Torelló (Barcelona), incluyendo a las corporaciones catalanas que están secundando esta iniciativa, Alternativa Española (AES) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que proceda a la investigación de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito.En su escrito ante la Fiscalía, AES, considera que el desafío lanzado por la corporación de San Pere de Torelló, encabezada por su alcalde, no sólo es constitutivo de delito sino que, además, es una inducción al mismo por la petición al Parlamento Catalán de que declare la independencia unilateralmente.
AES subraya que, independientemente del subterfugio escogido por la corporación para encontrar una trampa a la ley, es necesario tener presente la intención y el significado que tanto el alcalde como los concejales de San Pere de Torelló han querido dar a su declaración de independencia.
Los socialcristianos españoles consideran que la sucesión de declaraciones independentistas en los ayuntamientos de Calldetenes, Bolvir, Arenys de Munt, la Bisbal del Penedés y Cervia de Garrigues, entre otros, “supone la puesta en marcha de una campaña de desestabilización del orden constitucional cuyo objetivo es hacer creer en la existencia de un clamor popular a favor de la independencia que lleve al Parlamento Catalán a proclamarla unilateralmente”.
Alternativa Española destaca que “no estamos ante actos aislados sino ante una sucesión de declaraciones perfectamente programada para crear un ambiente de insumisión y rebeldía institucional”.
El partido liderado por Rafael López-Diéguez advierte que emprenderá acciones legales, “ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno, que es a quien le corresponde proceder a iniciar el proceso de disolución de estos ayuntamientos, contra todas las corporaciones que proclamen la independencia e inciten al delito al proponer la declaración de independencia de Cataluña.
El partido liderado por Rafael López-Diéguez advierte lamenta por último “la ausencia de respuesta por parte del gobierno, que es a quien le corresponde proceder a iniciar el proceso de disolución de estos ayuntamientos”, contra “todas las corporaciones que proclamen la independencia e inciten al delito al proponer la declaración de independencia de Cataluña”.Diéguez, secretario general de Alternativa Española (AES), se ha dirigido al gelegado del gobierno en Cataluña exigiendo que, en virtud de sus funciones, haga cumplir la ley y obligue a las corporaciones que han declarado su municipio como “territorio catalán libre y soberano” a retirar la bandera estelada, que no es la oficial de la Comunidad Autónoma, y colocar la bandera de España en el lugar preminente que la ley establece.
En su escrito el líder de la formación socialcristiana recuerda al representante gubernativo que “las sucesivas declaraciones de independencia, ya que éste es el sentido que ellos mismos les dan, son constitutivas de un acto de gestión que incumple las obligaciones constitucionales; que además, al retirar o postergar la bandera de España vulneran el artículo 6º de la Ley 39/1981″.
Rafael López-Diéguez insta al delegado del Gobierno a intervenir y recuerda que el artículo 9º de la Ley 39/1981 le obliga a corregir en el acto las infracciones a la ley y, por tanto, “debe actuar para que la bandera española ocupe el lugar que le corresponde”. Y añade el líder de AES: “Si tras requerir al presidente de la Corporación éste perseverara en su actitud, el delegado del Gobierno está facultado (Real Decreto 2568/1986) para suspender cualquier acuerdo municipal que atente contra el interés general de España”.
“¿Y qué mayor atentado contra España que una declaración de independencia?”, apostilla López-Diéguez.
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