domingo, 7 de octubre de 2012

España inmensa ONG


Pobres de Estados Unidos se empadronan en Cataluña para recibir asistencia gratis
Francesc Sancho.

El Departamento de Salud del Gobierno catalán ha detectado que ciudadanos norteamericanos con rentas bajas, de origen español, se empadronan en Cataluña para poder recibir asistencia gratuita. El sistema sanitario norteamericano es más restringido que el español pese a la reforma sanitaria del presidente Barack Obama.

El secretario de Estrategia y Coordinación del Departamento de Salud, Francesc Sancho, ha asegurado que “en el Departamento nos llega el rumor de que debemos limitar el acceso de gente de fuera para nuestro servicio sanitario”. “No podemos dar el derecho a la familia de alguien que ha llegado aquí de forma inmediata”, ha añadido.

En declaraciones a La noche en Rac1, ha puesto el ejemplo del “caso de una familia que vive en Estados Unidos que originariamente era de Cataluña” y ha explicado que “en Estados Unidos para tener una buena asistencia sanitaria debes contratar una poliza de seguro que si quieres coberrtures importantes son muy caras. Esta familia no paga poliza de seguro y cuando ha tenido problemas ha empadronado aquí y ha venido hasta aquí”.

En este sentido, ha manifestado que “esto tampoco puede pasar, porque si el seguro más barato que hay en los Estados Unidos es un vuelo low cost en Cataluña y, apartir de ahí, los empadronar sin ninguna condición… esto no puede pasar”.

Por otra parte, Sancho ha afirmado que “estamos al límite, no podemos recortar más”, pero advirtió que el Estado prevé un PIB del 5,1 en 2015 “esta rebajada es más del 25%”. “Acabaríamos afectando aspectos de la salud de la población muy importantes”
Con el dinero del rescate, Cataluña dará atención sanitaria a los ‘sin papeles’
Boi Ruiz

La Generalitat catalana garantizará la atención sanitaria a las 600.000 personas -8% de la población catalana- que según el nuevo Real Decreto estatal, que entra en vigor el sábado, deberían quedar excluidas del acceso al sistema sanitario público no urgente, según ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Salud del Govern, Boi Ruiz.

De estas 600.000 personas, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social, y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan en la Seguridad Social o bien tienen rentas superiores a los 100.000 euros.

Este grupo seguirá manteniendo la misma atención y prestaciones sanitarias si lleva más de un año en Cataluña, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una estancia en el país de más de tres meses para acceder a un documento de acreditación de asistencia.

DESCARTA UN ‘EFECTO LLAMADA’

Esta acreditación les dará derecho a la atención primaria, vacunas y urgencias, y a partir de un año también de atención especializada, como el resto de ciudadanos: “Ningún ciudadano de Cataluña se quedará sin derecho a la atención sanitaria”, ha aseverado Ruiz, quien ha descartado un ‘efecto llamada’ para disfrutar de esta asistencia.

Ruiz ha defendido que la Generalitat cumple de esta forma con el decreto estatal, pero da “un paso más allá” en la atención sanitaria, que en Cataluña irá vinculada a un derecho de ciudadanía y no de condición de asegurado de la Seguridad Social.

El plan catalán de acceso a la sanidad pública establece un periodo de seis meses para regularizar la situación de estas 600.000 personas, que se llevará a cabo de forma automática cuando estas personas acudan al médico.

Este periodo transitorio de seis meses debe servir para arreglar la situación, “mientras, se les mantendrá la cobertura que ahora tienen acreditada” ha asegurado el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa.

Padrosa ha especificado que estas personas deberán acreditar con algún documento oficial su identidad, padrón de mínimo de tres meses y declaración jurada de que tiene unos ingresos anuales de menos de 100.000 euros.

Para “estrechar los mecanismos de persecución del turismo sanitario” de países sin convenio sanitario con España, Salud ha establecido este mínimo de tres meses para extender el documento de acreditación de asistencia, que da derecho a la atención primaria, han explicado tanto el conseller como Padrosa.

‘TARJETA ALTERNATIVA’

El documento de acreditación de asistencia será igual que la tarjeta sanitaria individual (TSI), pero tendrá una identificación distinta en la parte inferior, y deberá renovarse cada año, dando acceso a la atención especializada a partir del primer año de renovación.

Esta ‘tarjeta sanitaria alternativa’ sólo será válida en el territorio catalán, a diferencia de la TSI convencional que se puede utilizar en Cataluña, el resto de comunidades españolas y países de la UE.

De esta forma, se cumple el compromiso del conseller de prestar atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, a los que, al igual que al resto de ciudadanos con tarjeta sanitaria distinta, se les valorará de forma individual en el caso de que requieran una atención especializada cuando todavía no han superado la fase de un año para gozar de este nivel de cobertura.
España gasta más de 450 millones de euros anuales en atención sanitaria a inmigrantes

                    El coste económico que paga España por la asistencia sanitaria prestada a los casi medio millón de inmigrantes extranjeros sin recursos económicos suficientes supera los 450 millones de euros anuales, según recoge hoy elEconomista. Esta es la estimación que hace el Tribunal de Cuentas, que eleva a 451.481.202,12 euros el coste total por esta prestación en 2009. España es el país que más gasta en asistencia sanitaria y prestación farmacéutica dentro de la UE.

Un coste que el propio organismo fiscalizador del Estado califica de “elevado” y que le lleva a instar al Gobierno a “impulsar las medidas legislativas oportunas para que el coste de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo pueda ser derivado, en su caso, a sus respectivos países de origen”.

Pero, además del coste económico, el Tribunal de Cuentas ha detectado graves deficiencias en el procedimiento de nuestro sistema de Seguridad Social para el reconocimiento de la condición de “persona sin recursos económicos suficientes” que, aunque el Tribunal no lo afirma textualmente, si parece indicar que están originando importantes deficiencias de fraude.

En concreto, el organismo que preside Manuel Núñez denuncia que para acceder a la tarjeta sanitaria individual y a todas las prestaciones de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluidas prestaciones farmacéuticas, este colectivo de inmigrantes “no tiene la obligación de presentar un documento expedido por un organismo oficial del Estado de procedencia que acredite que la persona carece de cobertura sanitaria en dicho país”. Una insuficiencia que permite a dichas personas “quedar a cargo de la Seguridad Social española a pesar de que pueden estar aseguradas en sus países de procedencia, con el consiguiente perjuicio económico para España”.

Pero hay más. Este colectivo de inmigrantes, para acceder a las prestaciones sanitarias, sólo debe presentar una declaración jurada de ingresos económicos, a diferencia de los ciudadanos españoles, que deben acreditar la insuficiencia de recursos económicos mediante la presentación de la declaración de IRPF del último año o el certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de que no tienen que presentar declaración. Hecho éste que el Tribunal considera “una discriminación con relación a personas de nacionalidad española”.

El Tribunal de Cuentas ha detectado también supuestos en los que personas sin recursos económicos suficientes eran titulares de una Tarjeta Sanitaria Europea emitida por España, a pesar de que estas personas sólo pueden exportar el derecho de asistencia sanitaria para extranjeros si poseen el documento denominado Certificado Provisional Sustitutorio y por un máximo de 90 días al año.

La tarjeta sanitaria

Pese a ello, estas personas “habrían obtenido indebidamente la Tarjeta Sanitaria Europea emitida por España”. En concreto, “a fecha de 15 de junio de 2010 existían 2.586 personas en esta situación”, de las que el 28 por ciento residían en la Comunidad de Madrid y el 15 y el 14 por ciento, respectivamente, en Castilla-La Mancha y Murcia.

Por tanto, concluye el Tribunal, que “existe un riesgo de uso fraudulento de esta Tarjeta Sanitaria Europea, con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos”.

El convenio con Marruecos

Otro de los posibles casos de fraude detectados en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de las Prestaciones de Asistencia Sanitaria radica en el hecho de que personas declaradas oficialmente sin recursos económicos suficientes residan habitualmente en sus Estados de origen, fronterizos con España, y sigan manteniendo su tarjeta sanitaria individual en nuestro país, emitidas por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para recibir prestaciones en los centros y establecimientos sanitarios cuando regresen a España.

De esta forma, “ciudadanos marroquíes o portugueses pueden recibir asistencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en Cáceres, Badajoz o Pontevedra, dado que al no existir un adecuado control sobre este colectivo, cuando abandonan España, las comunidades autónomas y el Ingesa no anulan la tarjeta sanitaria individual que emitieron a su favor.

En el caso concreto de Marruecos, el informe de fiscalización afirma que el Convenio Bilateral de Seguridad Social establecido entre España y el reino alauíta, es “especialmente gravoso para España desde una perspectiva económica”.

El Tribunal refleja cómo en 2009 y en el apartado de facturación por cuentas globales, España remitió a Marruecos facturas por un importe de 767.086,32 euros, mientras que el importe facturado por Marruecos era de 12.545.384,65 euros. Un importe que es 16 veces superior al facturado por España. Para el organismo fiscalizador esta situación obedece a que “en virtud del Convenio Bilateral, Marruecos factura a España por la asistencia sanitaria prestada a los familiares de trabajadores marroquíes que trabajan en España, pero que siguen residiendo en Marruecos”.

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